La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, anunció este 5 de septiembre de 2026 un conjunto de medidas urgentes para enfrentar la crisis penitenciaria del país. El gobierno declaró el estado de emergencia en cinco cárceles consideradas de alta peligrosidad: Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Trujillo Varones (La Libertad), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima). Durante 60 días, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizarán operativos permanentes en un radio de 200 metros alrededor de los penales, con el objetivo de impedir el ingreso de armas, drogas y objetos prohibidos, además de cortar la comunicación de bandas criminales que operan desde el interior.
La mandataria subrayó que la crisis de hacinamiento, que alcanza a más de 103.000 internos en 69 establecimientos con capacidad para apenas 41.000, exige soluciones estructurales. Por ello, el Ejecutivo solicitó al Congreso facultades legislativas por 120 días para implementar un plan de modernización penitenciaria mediante asociaciones público-privadas (APP). Este esquema permitirá financiar, construir y operar nuevas cárceles con participación del capital privado, garantizando mejores condiciones de seguridad y programas de reinserción social.
La Defensoría del Pueblo anunció que supervisará la aplicación de estas medidas para asegurar el respeto a los derechos fundamentales de los internos y de las comunidades aledañas. Con estas disposiciones, Fujimori busca enfrentar simultáneamente el hacinamiento histórico y el poder de las organizaciones criminales, marcando un giro en la política penitenciaria del país.
