Quito. Con un amplio respaldo de 139 votos a favor , la Asamblea Nacional aprobó este martes, en segundo debate, la Ley Orgánica de Extradición , una normativa que busca fortalecer la cooperación judicial internacional y dotar al Estado de nuevas herramientas para combatir el crimen organizado transnacional. El proyecto fue enviado al Ejecutivo para su sanción u objeción antes de entrar en vigencia.
La nueva ley desarrolla la reforma constitucional aprobada por los ecuatorianos en la consulta popular de 2024, que permitió la extradición de ciudadanos ecuatorianos bajo determinadas condiciones. Con esta normativa se establecen los procedimientos, requisitos y autoridades competentes para tramitar las solicitudes de extradición de personas requeridas por la justicia de otros países.
Uno de los aspectos centrales de la ley es que la Corte Nacional de Justicia será la institución encargada de conocer, tramitar y resolver las solicitudes de extradición mediante decisiones motivadas. Además, todas las solicitudes deberán canalizarse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana , que actuará como enlace oficial entre Ecuador y el Estado solicitante.
La normativa también incorpora reglas claras para la extradición activa (cuando Ecuador solicita la entrega de una persona) y la extradición pasiva (cuando otro país solicita la entrega de una persona que se encuentra en Ecuador), con el objetivo de reducir la discrecionalidad y agilizar los procedimientos judiciales.
Otro punto relevante es que la ley contempla que el Presidente de la República podrá negar una extradición cuando existan razones de seguridad nacional, orden público u otros intereses esenciales del Estado, una facultad prevista dentro del nuevo marco legal.
¿Qué significa para los ciudadanos?
La aprobación de esta ley no implica que cualquier persona pueda ser extraditada automáticamente . Cada solicitud deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución, los tratados internacionales y la legislación ecuatoriana. Además, el proceso será analizado por la justicia ecuatoriana antes de autorizar la entrega de una persona a otro país.
El Gobierno y los legisladores que respaldaron la iniciativa sostienen que esta herramienta permitirá perseguir con mayor eficacia a integrantes de organizaciones criminales que operan entre varios países y evitar que Ecuador sea utilizado como refugio para personas requeridas por delitos graves.
La votación fue una de las más amplias registradas en el actual período legislativo, al contar con el respaldo de legisladores de distintas bancadas políticas. Con la aprobación del Pleno, el proyecto pasa ahora al Ejecutivo, que deberá decidir si lo sanciona, presenta objeciones o lo veta, conforme al procedimiento establecido por la Constitución.
