El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, encargado de la Presidencia, Esteban Torres, recibió este martes 21 de julio la visita protocolaria de una delegación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyos representantes expresaron el respaldo del organismo internacional al trabajo que desarrolla el Legislativo para fortalecer el marco normativo orientado a enfrentar la inseguridad y el crimen organizado.
Tras las palabras de bienvenida de Torres, el representante de la OEA, Moisés Benamor, quien forma parte de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia y es responsable de la Unidad de Relaciones con los Poderes Legislativos, explicó que la misión cumple una agenda de cooperación técnica con varias comisiones especializadas de la Asamblea Nacional.
Indicó que el principal objetivo de la visita es acompañar a la Comisión de Seguridad Integral en el análisis de iniciativas legislativas relacionadas con la seguridad ciudadana y la lucha contra las economías criminales, entre ellas la normativa sobre drogas sintéticas. En ese contexto, señaló que la OEA aportará asistencia técnica, intercambio de experiencias y buenas prácticas para fortalecer el debate legislativo.
Asimismo, informó que mantendrá reuniones con las comisiones de Transparencia, Justicia y Salud, como parte de un trabajo integral orientado a fortalecer las capacidades institucionales del Parlamento ecuatoriano.
El representante de la OEA advirtió sobre el crecimiento de la producción y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo, debido a su bajo costo de fabricación y facilidad de elaboración, factores que incrementan los riesgos para la seguridad y la salud pública. En ese sentido, destacó la importancia de que los países impulsen marcos legales modernos que permitan enfrentar eficazmente este fenómeno.
Por último, reiteró el compromiso de la Organización de los Estados Americanos de continuar brindando cooperación técnica al Ecuador y de acompañar a la Asamblea Nacional en los esfuerzos encaminados a fortalecer la institucionalidad democrática y las políticas públicas de seguridad.
