La desvinculación de 5.000 funcionarios públicos anunciada por el presidente Daniel Noboa marca un nuevo capítulo en la reestructuración estatal. Mediante el Decreto Ejecutivo 60, se redujeron ministerios de 20 a 14 y secretarías de 9 a 3, proyectando un ahorro de USD $68 millones anuales.
Durante el gobierno de Rafael Correa (2007–2017), el Decreto 813 permitió la “renuncia obligatoria” de miles de servidores. Solo en el sector salud se registraron 14.000 despidos, generando controversia por el uso de fuerza policial y denuncias ante la OIT.
Lenín Moreno (2017–2021) ejecutó una reforma más amplia: eliminó 29 instituciones y desvinculó a 67.474 funcionarios, como parte de un plan de austeridad y reducción del aparato estatal.
Guillermo Lasso (2021–2023) mantuvo la estructura sin grandes recortes, aunque impulsó fusiones ministeriales y creó nuevas entidades como el Ministerio de la Mujer.
La actual administración apuesta por eficiencia, renovación generacional y transparencia. Aunque representa menos del 1% de la nómina estatal, la medida reabre el debate sobre el tamaño, función y sostenibilidad del Estado ecuatoriano.
