El Pueblo Shuar Arutam y otras comunidades indígenas del sur de la Amazonía intensificaron sus protestas contra el proyecto minero Warintza, denunciando contaminación de ríos y desplazamientos forzados. La expansión de la minería ilegal ha generado enfrentamientos con fuerzas policiales y militares.
En respuesta, el Gobierno anunció la creación del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (CONIM) y la reapertura del catastro minero. Ambientalistas advierten que estas medidas podrían agravar la crisis ecológica. La sequía histórica de 2024 y los incendios forestales han dejado al país vulnerable, y los líderes comunitarios exigen una moratoria minera y mayor inversión en energías limpias.
Expertos señalan que los páramos y manglares son clave para mitigar el cambio climático, y que su destrucción pone en riesgo la resiliencia ecológica del país. La presión social crece mientras se debate el rumbo extractivista del gobierno actual.
