El país amaneció con una bomba judicial: J. S. Díaz Asque, asambleísta expulsado de Revolución Ciudadana, se entregó a la justicia tras una orden de captura por presunto delito de violación a una menor de 12 años. Díaz, considerado prófugo, fue parte de la lista de los más buscados, incluso con una recompensa de USD 100.000 por información sobre su paradero.
El lunes 21 de julio de 2025, Díaz se presentó voluntariamente ante las autoridades, tras haber pedido licencia sin sueldo para enfrentar el proceso. Su detención ocurre en medio de un sacudón político, alimentando cuestionamientos sobre el blindaje institucional y la ética dentro del Legislativo.
Su caso, que ha generado indignación nacional, reaviva el debate sobre los controles a los servidores públicos y el papel de la Asamblea frente a denuncias de alto impacto.
