La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional aprobó el 9 de octubre un informe que detecta alertas en las declaraciones patrimoniales de 95 alcaldes y prefectos del país. La cifra representa el 37,8% de las 251 autoridades locales analizadas mediante información proporcionada por la Contraloría General del Estado, el Servicio de Rentas Internas y la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
La mesa legislativa utilizó una metodología de semáforo para clasificar los expedientes. Un total de 41 autoridades fueron ubicadas en rojo y 54 en naranja por posibles inconsistencias entre sus declaraciones de bienes y los ingresos percibidos durante sus administraciones, o por la existencia de investigaciones previas y procesos judiciales. Los casos serán remitidos a Fiscalía, Contraloría, SRI y UAFE para que cada institución realice las verificaciones correspondientes.
El informe también ubicó a 90 autoridades en nivel verde, categoría que incluye observaciones menores que podrían ser subsanadas, mientras otros 66 expedientes no presentaron novedades. Parte de la documentación se mantiene bajo reserva con el objetivo de preservar la presunción de inocencia de las autoridades investigadas.
La aprobación generó diferencias dentro de la Comisión. Legisladores de ADN y asambleístas aliados respaldaron el informe y defendieron su carácter técnico. Representantes de Revolución Ciudadana cuestionaron la metodología aplicada y señalaron que el debate ocurre en un periodo cercano a las elecciones seccionales. El proceso de fiscalización había sido dispuesto por el Pleno de la Asamblea en julio de 2026.
