El Pleno de la Asamblea Nacional, este jueves 1 de octubre, tramitó en segundo debate el proyecto de reformas a la Codificación de la Ley de Inquilinato, que busca modernizar el marco regulatorio para equilibrar los derechos y obligaciones de arrendadores y arrendatarios. La propuesta actualiza las causales de terminación de los contratos y establece nuevos parámetros para su formalización, mediante registros administrativos simplificados que buscan brindar mayor seguridad jurídica a las partes.
Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia y ponente del informe, explicó que el proyecto responde a la necesidad de actualizar una normativa vigente desde hace más de cinco décadas y que, además, tiene un importante contenido social, al establecer reglas claras para las relaciones entre arrendadores y arrendatarios.
Señaló que la reforma beneficiaría a más de un millón de familias que mantienen un régimen de inquilinato y que contarían con mayores certezas jurídicas. “Lo que estamos corrigiendo son realidades que viven diariamente muchos ciudadanos y, con reglas claras, se evitará el atropello de derechos”.
Destacó que la exigencia de un contrato escrito contribuye a garantizar los derechos de las partes. La propuesta también regula la garantía, que podrá alcanzar un máximo de dos cánones de arrendamiento, con el propósito de evitar abusos en la fijación de este valor. Asimismo, establece un plazo de 15 días para que el propietario devuelva la garantía al inquilino. En este sentido, Torres insistió en que la reforma busca establecer un equilibrio en la relación entre arrendadores y arrendatarios.
Entre otros aspectos, la propuesta incorpora un inventario de entrega-recepción para inmuebles amoblados, establece un límite al valor de la garantía, protege al inquilino mediante la devolución oportuna del depósito y habilita la celebración de contratos por medios electrónicos. Estas disposiciones buscan facilitar la aplicación práctica de la Ley de Inquilinato por parte de los operadores jurídicos, arrendadores y arrendatarios.
La reforma también introduce cambios procesales destinados a reducir los tiempos de resolución de los juicios de desahucio y otras controversias derivadas de las relaciones de arrendamiento. Además, contempla mecanismos más ágiles para la devolución de garantías y el cumplimiento de obligaciones contractuales, con el apoyo de la mediación, a fin de contribuir a la descongestión del sistema judicial.
Tras el debate, en el que participaron 15 legisladores, el proyecto regresó a la mesa legislativa para la elaboración del texto final que será sometido a votación. Durante sus intervenciones, señalaron que la reforma busca corregir distorsiones históricas que han generado inseguridad jurídica para las partes, prevenir abusos, particularmente en perjuicio de los arrendatarios, y modernizar la formalización de los contratos mediante herramientas electrónicas.
También destacaron la incorporación de mecanismos alternativos para la solución de controversias.
