Quito. El Ministerio de Educación anunció este 7 de julio de 2026 nuevas medidas de protección para una adolescente que denunció haber sido víctima de violencia sexual, luego de que su madre hiciera pública una presunta actuación negligente por parte de un colegio particular de la capital. El caso ha generado un amplio debate sobre la responsabilidad de las instituciones educativas frente a denuncias de este tipo.
La controversia comenzó cuando Joselyn Duque , madre de la estudiante, difundió un video en redes sociales en el que relató que su hija habría sido víctima de violencia sexual por parte de un compañero de aula durante una reunión social realizada fuera de las instalaciones del colegio , el pasado 21 de marzo . Según su testimonio, días después la adolescente le contó lo sucedido y la familia acudió de inmediato a buscar ayuda.
La madre denuncia una “cadena de omisiones”
En su denuncia pública, la madre sostiene que el plantel educativo no actuó con la rapidez que requería la situación y que su hija permaneció expuesta al presunto agresor durante varias semanas.
Según su relato, el 25 de marzo acudió al establecimiento para solicitar la activación de los protocolos de protección. Sin embargo, asegura que inicialmente se le indicó que, al haber ocurrido el hecho fuera del colegio, era necesario presentar primero una denuncia formal ante la Fiscalía antes de que la institución pudiera intervenir.
La denunciante también afirma que la separación entre ambos estudiantes tardó más de 50 días y que su hija continuó compartiendo clases con el joven señalado, especialmente en la asignatura de Biología, situación que —según afirma— incrementó el impacto emocional de la adolescente. Además, cuestionó que el acompañamiento psicológico ofrecido por la institución no se habría iniciado de forma inmediata.
Educación adopta nuevas medidas
Tras la difusión del caso, el Ministerio de Educación informó que la Dirección Distrital revisó nuevamente el expediente y decidió fortalecer las medidas de protección para la estudiante.
Entre las acciones anunciadas se encuentran:
* Prohibición de acercamiento entre el presunto agresor y la estudiante.
* Acompañamiento psicológico y psicosocial.
* Seguimiento académico para garantizar la continuidad de sus estudios.
* Elaboración de un plan de restitución de derechos.
* Remisión del expediente a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos para el análisis correspondiente.
La Cartera de Estado señaló que, una vez conocida la denuncia, se activaron los mecanismos previstos en la normativa vigente para proteger a la adolescente y brindar seguimiento al caso.
El colegio responde
En un comunicado oficial, el Colegio Isaac Newton sostuvo que el hecho denunciado habría ocurrido fuera de sus instalaciones y afirmó que, una vez conocida la situación, activó los protocolos establecidos por la normativa ecuatoriana.
La institución indicó que presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, notificó a la Dirección Distrital de Educación y aseguró haber actuado conforme a sus obligaciones legales. También manifestó que el caso fue conocido por la Junta Distrital de Resolución de Conflictos y que no existe, hasta el momento, una resolución que le atribuya responsabilidad por los hechos denunciados.
Investigación continúa
La investigación penal sobre la presunta agresión sexual continúa en la Fiscalía General del Estado , mientras que las autoridades educativas analizan si existió o no un incumplimiento de los protocolos institucionales de protección a estudiantes.
El caso ha reabierto el debate sobre la obligación que tienen los establecimientos educativos de actuar de manera inmediata frente a denuncias de violencia sexual, incluso cuando los hechos ocurren fuera del plantel, priorizando siempre la protección integral de niños, niñas y adolescentes y evitando cualquier forma de revictimización.
