El Tribunal de Juicio de Pichincha emitió la noche del 9 de septiembre de 2026 la sentencia contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley, dentro del denominado caso Pruebas COVID-19. Ambos fueron condenados a 9 años y 4 meses de prisión como colaboradores del delito de delincuencia organizada.
La Fiscalía demostró que durante la emergencia sanitaria de 2020 se conformó una estructura dedicada a la comercialización irregular de más de 21.000 pruebas rápidas de diagnóstico y otros insumos médicos, en complicidad con agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). En operativos se hallaron USD 313.405, mascarillas KN95 y miles de pruebas rápidas almacenadas en inmuebles vinculados a la familia Bucaram.
En la misma causa, el exagente de tránsito Leandro Berrones y el ciudadano israelí Sheinman Oren fueron sentenciados a 13 años y 4 meses de prisión como autores directos. Oren recibió beneficios de cooperación eficaz, lo que podría reducir su pena.
La audiencia se realizó de forma telemática debido al estado de salud del expresidente, quien compareció desde una clínica en Guayaquil. Bucaram alegó sufrir una condición cardíaca grave y denunció persecución política, mientras su defensa anunció que recurrirá a instancias internacionales como la CIDH.
La sentencia marca un hito en un proceso judicial que se extendió por más de seis años, con múltiples suspensiones y retrasos
