El Ministerio Público concluyó la instrucción fiscal y presentará su dictamen acusatorio por un presunto esquema de lavado de activos que involucra a 17 personas naturales y 9 empresas
La Fiscalía General del Estado dio un nuevo paso dentro del denominado Caso Goleada, al solicitar al juez competente que fije fecha y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de 26 procesados.17 personas naturales y 9 personas jurídicas, investigadas por el presunto delito de lavado de activos. Entre los procesados figura el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, así como varios integrantes de su entorno familiar y empresarial. La petición se presentó luego de que concluyera oficialmente la etapa de instrucción fiscal el pasado 29 de junio.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, durante la investigación se identificó un esquema societario que habría sido diseñado para generar ganancias de origen presuntamente ilícito y ocultar el movimiento de recursos económicos , evitando que se activaran los mecanismos de control de las instituciones del Estado. Según el Ministerio Público, esta estructura habría vulnerado el orden socioeconómico y financiero mediante operaciones que, presuntamente, buscaban dar apariencia de legalidad a recursos de dudosa procedencia.
La investigación señala que la red estaría integrada por empresas vinculadas entre sí y por personas con relaciones familiares, comerciales y administrativas. En la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía presentará su dictamen acusatorio , documento en el que expondrá los elementos de convicción recopilados durante varios meses de investigación y solicitará que los procesados sean llamados a juicio, si el juez considera que existen suficientes indicios para continuar con el proceso penal.
Paralelamente al avance del proceso penal, la defensa del alcalde de Guayaquil y de otros procesados ha impulsado acciones judiciales para revisar las medidas cautelares impuestas durante la investigación, entre ellas la incautación de bienes, vehículos y empresas. Los abogados sostienen que varias de estas medidas resultan desproporcionadas y han solicitado la devolución de bienes que, según argumentan, no guardan relación con los hechos investigados. Estas solicitudes continúan siendo analizadas por la autoridad judicial.
El Caso Goleada se ha convertido en uno de los procesos judiciales de mayor impacto político y mediático del país debido a la participación de una autoridad de elección popular y de varias compañías presuntamente vinculadas al esquema investigado. No obstante, conforme al ordenamiento jurídico ecuatoriano, todos los procesados mantienen su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia ejecutoriada emitida por un juez competente.
Una vez convocada la audiencia preparatoria de juicio, el juez evaluará la legalidad del proceso, resolverá los pedidos formulados por las partes y decidirá si existen los elementos suficientes para llamar a juicio a los procesados o disponer otra resolución conforme a la ley. Esa diligencia marcará una de las etapas más importantes dentro del Caso Goleada y definirá el rumbo del proceso penal en los próximos meses.
